EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN: LOS ESPAÑOLES PRIMERO

La inmigración se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a los habitantes del mundo occidental en general y a los españoles en particular. La falta de medidas adecuadas, teniendo presente lo sucedido en otros países, durante la última década ha convertido la inmigración en una fuente de preocupación. Si nos preocupa y abordamos este tema es porque se está convirtiendo en un problema grave para la convivencia y la vida cotidiana de los españoles.

La llegada y el asentamiento masivo, sobre todo en ciudades o zonas rurales de gran afluencia, de comunidades extranjeras no integradas, a pesar del intento de ocultación, se ha traducido en un espectacular incremento de delitos, debidos en, gran parte, a esta población.

Al incremento de los delitos se suman los problemas de convivencia. No se quiere reconocer que la cohabitación de hombres y mujeres con pautas culturales y morales diferentes, con modos de vida distintos, en ocasiones incompatibles con los hábitos de vida de los españoles, están generando espacios de tensión que anuncian la creación de ghettos en nuestras ciudades.

Al mismo tiempo, sería inútil negarlo, señalar que la actuación de empresarios desaprensivos junto con las necesidades primarias de trabajo de muchos de los extranjeros que llegan, dispuestos a trabajar a cualquier precio, están produciendo, en determinados sectores, un continuo y silencioso descenso de los niveles salariales.

Finalmente, y esta es una realidad que ahora comienza a mostrarse, la situación de precariedad en que viven una parte significativa de los inmigrantes está haciendo que monopolicen los sistemas sanitarios y de asistencia social marginando a los propios españoles. Algo que se ha hecho evidente en el Sistema de Enseñanza, donde la comunidad extranjera, en determinados lugares, alcanza un porcentaje altísimo monopolizando la mayor parte de las becas asistenciales en detrimento de las familias trabajadoras españolas.

-La pérdida de la identidad nacional

La inmigración, junto con otros factores endógenos, está contribuyendo a la lenta desaparición de la identidad nacional.

La defensa, demagógica por otra parte, del denominado multiculturalismo oculta un deseo de disolver nuestras propias culturas, nuestra raíz y nuestra identidad, contribuyendo a nuestra disolución en el mundo global que se anuncia.

No se pude abordar el tema de la inmigración sin pensar en el mañana. El flujo de familias inmigrantes, cada vez mayor, tradicionalmente numerosas, debido al mantenimiento de sus criterios morales y religiosos, condenará a los españoles a acabar siendo una minoría en su propio país. Son muchas las ciudades donde el número de nacimientos de ciudadanos extranjeros que atiende la Seguridad Social se aproxima al 80%. Con esta base es lógico que adquiera una inusitada pujanza la aparición de organizaciones y asociaciones, de tolerantes demagogos hispanos, de comunidades extranjeras organizadas, que, de momento, se conforman como importantes grupos de presión, pero que en el futuro podrían transformarse en partidos políticos autónomos y ver florecer en Europa la sombra de los partidos islámicos.

- La Preferencia Nacional

La inmigración, lejos de detenerse, se está transformando en avalancha como consecuencia del denominado efecto llamada. Europa no ha encontrado una política que permita hacer frente al problema. La aplicación de las llamadas leyes de regulación, como la española Ley de Extranjería, no ha contribuido a desacelerar el proceso. Por todo ello, es fácil reseñar, que el problema se irá acrecentando con el paso del tiempo, siendo la solución más costosa y, por tanto, las consecuencias delictivas, económicas y de precarización de salarios más graves. Ante esta situación caben dos posturas: primera, aceptar el modelo de sociedad multicultural; segundo, aplicar el principio de preferencia nacional.

-Los Españoles Primero

Bajo el lema “Los Españoles Primero” somos partidarios de aplicar una política de preferencia nacional que tendrá como base la reconstrucción de la Legislación alrededor del principio de Preferencia Nacional.

Las consecuencias directas de la aplicación de este principio serían:

...>La revisión de las fórmulas de obtención de la nacionalidad española:

para el Frente Español acceder a la nacionalidad española, para aquellos que no son nacidos de padres españoles, es un honor que debe ser merecido.
...>La concesión del Derecho al voto a los ciudadanos extranjeros debe ser revocada.
...>La restricción de la política de reagrupamiento familiar, controlándolo para evitar los fraudes o la validación de modos de familia distintos al tradicional de nuestro país.
...>Expulsión inmediata de los inmigrantes clandestinos.
...>Expulsión inmediata de los delincuentes.
...>Preferencia en las ayudas sociales a los españoles: la actual política de ayudas y prestaciones sociales a los extranjeros suponen, además de un importante gasto público, la quiebra de los derechos de los españoles que se ven gravemente perjudicados en la obtención de beneficios sociales.
Por ello proponemos:

primero, reservar las ayudas sociales para la adquisición de viviendas a los españoles;
segundo, el acceso de los extranjeros a las ayudas sociales debe ser limitado, exigiéndose, para el disfrute de las mismas, el permiso de residencia legal en España.

...>Prioridad de empleo para los españoles:
exigimos a los empresarios la aplicación del contrato preferencial para españoles; orientar el trabajo del INEM hacia la satisfacción prioritaria de las ofertas de empleo presentadas por los españoles; mantener en las empresas, en caso de reconversiones, a los trabajadores españoles antes que a los extranjeros en categorías de empleo equivalentes.
...>Mejor aplicación de la Convención de Ginebra para los refugiados.
...>Regulación de la inmigración en el momento actual:
reconociendo la necesidad de mano de obra que presentan determinados sectores de la economía nacional, abogamos por la implantación de un sistema de contratación de inmigrantes en sus países de origen que complete los cupos de mano de obra necesarios, a través del Gobierno y Asociaciones empresariales, evitando así la inmigración clandestina, la discriminación salarial y la actuación de las mafias (estableciendo la preferencia hispánica); abrir un proceso de regularización único en el que se documente a todos los extranjeros que en la actualidad mantengan un trabajo estable remunerado y que carezcan de permiso de residencia.

-El principio de solidaridad

La aplicación de una política de preferencia nacional no es incompatible ni con la regulación justa de la situación de los trabajadores extranjeros en nuestro suelo, ni con la solidaridad con los desfavorecidos a escala global. Por ello articulamos nuestro programa de solidaridad real en torno a dos ejes de actuación: primero, el establecimiento de Planes de Retorno; segundo la Ayuda al Tercer Mundo.

...> Plan de Retorno

Una política realista de inmigración se construye con la puesta en marcha de un “Plan de Ayuda para el Retorno de los Trabajadores Extranjeros” a sus países de origen. En esta opción radica la verdadera solidaridad de quienes, sin demagogia, consideramos que tener que abandonar el propio país por razones económica o de supervivencia es un mal.
Existe una diferencia abismal entre quienes llegan a un país de forma clandestina o quienes se dedican al ejercicio de la delincuencia y quienes contribuyen o han contribuido a incrementar la riqueza de nuestro país. Si, por un lado, defendemos la reserva de las prestaciones de solidaridad nacional a los españoles, por otro, otorgaremos al trabajador extranjero el derecho al disfrute del producto de sus cotizaciones. Esos beneficios tendrán como objetivo la reinserción en su país de origen y la contribución al desarrollo de la economía de dichos países.

...>La Ayuda al Tercer Mundo

La oposición al proceso de invasión pacífica que España está experimentando en ningún momento supone apartarnos o hacer ojos ciegos a un mundo pobre y enfermo que representa a dos tercios de la humanidad. Especificamos, con claridad y firmeza, que la emigración es la tapadera con que el Sistema encubre, amparándose en un falso humanismo, la venta y el sacrificio de millones de seres humanos, que deberían ser el objetivo prioritario de cualquier acción humanitaria por parte del Mundo Desarrollado, y en especial de Occidente. Sería conveniente recordar que los emigrantes son, en realidad, unos pocos privilegiados -aunque parezca un contra sentido- frente al mundo de la miseria. Los verdaderos afectados por la ruina absoluta, a duras penas si pueden desplazarse unos pocos kilómetros desde sus lugares de origen, al carecer de los medios más elementales. Aquellos que no tienen qué comer difícilmente podrían pagar a las mafias que organizan y monopolizan el viaje al mundo de la “libertad y el lujo”.

Queremos ser parte activa en la ayuda a una humanidad que fenece en una miseria jamás conocida, provocada, en gran medida, por el desarrollo del capitalismo financiero. Desde nuestra posición de cabeza de la Hispanidad, esta labor cobra para España especial relevancia en el apoyo al desarrollo de las naciones Hispanoamericanas. El Frente Español estará siempre abierto y a favor de las políticas de Ayuda al Tercer Mundo

EN DEFENSA DE LA SOCIEDAD CIVIL

Para nosotros sigue siendo vigente el principio de que el objetivo de la ciencia política es la consecución de una vida más justa y democrática. En identidad de pensamiento nadie rebate lo que es el cimiento o la base del método democrático de gobierno: la participación de los gobernados en las tareas del Estado.

En esta línea de pensamiento la cuestión primordial, la piedra angular de la ciencia política es cómo alcanzar ese objetivo. El problema fundamental del método democrático de gobierno es, sin duda, cómo organizar esa participación popular, cómo establecer los cauces más adecuados para una participación efectiva y no teórica de los ciudadanos, y, también, cómo lograr que ese mismo pueblo pueda controlar a quienes actúan por delegación.

En el momento presente, lo que usualmente se entiende como “perfecto sistema democrático de gobierno” es aquel en que esa participación se realiza a través de un sistema de partidos políticos, herencia del liberalismo decimonónico. En nuestro tiempo, tras un largo proceso de divulgación, lo que en principio no pasaba de ser una forma de organizar la participación del ciudadano, que en modo alguno era excluyente de otras formas, se ha convertido en un absoluto, en un dogma inquebrantable e incuestionable. Sin embargo, al mismo tiempo, en los albores de este siglo XXI, cuando esa forma de democracia parece gozar de un consenso a escala universal, sobre todo entre las elites que dominan y controlan las sociedades de masas, se comienza a plantear, con gran nitidez, si, como algunos pretenden, este sistema es el "fin de la historia", tras al desaparición del comunismo y los cambios acelerados en los planteamientos y objetivos de la socialdemocracia, o si por el contrario los sistemas de gobierno continuarán sucediéndose como ha acontecido a lo largo de la historia dada la imperfección humana. Los sistemas democráticos actuales, sin desconocer la influencia de sus precedentes, se mueven dentro de un esquema que tomó forma definitiva tras la II Guerra Mundial y que hoy comienza a mostrar síntomas de agotamiento por degeneración. Este esquema se basaba en el juego alternante de dos grandes bloques de convergencia política en el que además se prefería la existencia de un bloque dominante y otro supletorio. Estos dos bloques obedecían a los parámetros de la socialdemocracia por un lado y los conservadores-democratacristianos por otro. Bloques que aceptaban, fundamentalmente, el modelo económico capitalista -en algunos casos con ciertas reservas hoy desaparecidas-, y que en la actualidad han asumido, sin grandes divergencias, las denominadas tesis neoliberales. Ambos bloques, liberal y conservador, derecha e izquierda, democratacristianos y socialdemócratas, centro izquierda y centro derecha, detentadores y monopolizadores del poder, cada vez más independientes y más alejados del ciudadano, han acabado convirtiéndose en una auténtica nomenklatura de un sistema del que se han apropiado, merced a una relación simbiótica que ha permitido el desarrollo de unas elites políticas, de una clase política y sindical subvencionada, sustrayendo progresivamente al ciudadano los resortes de esa participación real y efectiva que debe caracterizar la democracia.

El modelo, más que por el sistema de partidos, se caracteriza hoy por la existencia de esas elites políticas que se mueven sin grandes problemas en el mundo político, económico o mediático; auténticos clanes familiares que se suceden en el poder y con numerosos intereses coincidentes. Por ello, cada vez más, las distinciones entre izquierda y derecha se diluyen, los fundamentos ideológicos se agotan. Hasta tal punto han llegado a converger lo que parecían antítesis que ambos bloques, en su última generación de dirigentes, comienzan a aceptar, como espacio ideológico único donde desarrollarse, las tesis de la denominada "tercera vía" expuestas por Anthony Giddens. Una “tercera vía” que aspira a convertirse en el auténtico “partido único” de los sistemas democráticos liberales.

Los partidos políticos actuales, lo que algunos denominan los partidos posmodernos, son hoy, más que antaño, auténticas maquinarías para la captación y explotación del voto. Son, en realidad, entramados burocrático- administrativos profesionalizados para competir en la carrera electoral. Microempresas indiferenciadas ideológicamente para la obtención y el usufructo del poder. Estos partidos no buscan la conquista, la atracción del ciudadano, hacia una opción política, sino que aspiran a dominar la máxima cuota posible del mercado electoral, por lo que sus bases ideológicas se diluyen o desaparecen, tanto en el partido como entre los candidatos. El objetivo no es la defensa de un modelo social, sino la detentación del poder, ya que en los partidos priman, básicamente, cuatro intereses:

primero, el interés particular de cada individuo que pertenece a ese partido;
segundo, el interés de los grupos fácticos que lo apoyan;
tercero, el interés general del partido para conseguir sus objetivos de poder;
cuarto, y siempre en último lugar, el interés de la Nación.

Naturalmente estas máquinas electorales al servicio de la nueva oligarquía necesitan como nunca del poder mediático, por lo que pretenden su monopolización; poder que, al mismo tiempo, se integra como un elemento más en dicha oligarquía. Por todo ello, la libertad y la capacidad de elección del ciudadano resulta cada día menos extensa en nuestros sistemas políticos.

Hoy, sistemas democráticos de gobierno como el nuestro, establecen sus propios mecanismos para asegurar tanto la pervivencia y perpetuación de esas elites como la imposibilidad de que prosperen las corrientes críticas. Para facilitar todo ello la democracia se va reduciendo a través de los sistemas electorales, de los métodos de reparto de voto, del sistema de circunscripciones adoptado, de la consagración de las listas cerradas, de la imposición de los candidatos en función de las clientelas políticas, de los comités electorales de los partidos, de la disciplina del voto... A ello, es preciso añadir la desigualdad de oportunidades a la hora de concurrir a las elecciones por parte de quienes desean hacerlo fuera de los partidos tradicionales. Todos estos son los elementos que distorsionan, cuando no falsean, tanto la representación popular como la vieja tesis ateniense del gobierno del pueblo.

Preferencia por la sociedad civil

El individuo y, por elevación, la sociedad civil quedan desasistidos, indefensos ante los partidos, reducidos al mediatizado poder de decisión cuando llega la hora electoral. La mayoría de los ciudadanos no militan en los partidos pero desarrollan su vida política dentro de la sociedad civil. Es necesario articular, en el seno de la sociedad, formas de defensa frente al abuso de los Partidos, las Corporaciones o del Estado. Entidades cercanas al hombre, asociaciones civiles de acceso común en el ámbito municipal y en el ámbito laboral.

a) Ámbito municipal

Creación y desarrollo de los Concejales de Distrito elegidos desde asociaciones de barrio, con elección directa. Esta figura, este nuevo representante, es una persona del lugar, que conoce los problemas reales y diarios, de fácil acceso para toda la ciudadanía. Evitaremos así, la usurpación del poder, de las capacidades de decisión y control por parte, como ocurre ahora, de los grandes monopolios políticos y la perpetuación de la figura del concejal que apenas si conoce el lugar, en el que en muchas ocasiones ni tan siquiera vive, y cuya preocupación principal es atender y seguir las directrices del partido muy alejadas de los intereses reales de las gentes del distrito.

b) Ámbito laboral

Desarrollo de los Sindicatos de Gestión, que defienden a todos, sindicados o no, donde todos tienen los mismos derechos y deberes, donde todos tienen la defensa real de sus derechos asegurada. Sindicatos de Gestión ajenos completamente a los partidos políticos, donde todos podamos participar sin estar condicionados por la carrera electoral para disfrutar de mayores cuotas de representación. Sindicatos de Gestión para crear riqueza y no centrados en la reivindicación constante, con razón o sin ella pero siempre subordinada a los intereses políticos del grupo al que se vinculan, que llevan al enfrentamiento de unos contra otros. Sindicatos de Gestión que trabajen en aras de los derechos reales de todos los trabajadores y que, por tanto, irán, progresivamente cambiando el actual modelo sindical caracterizado tanto por la escasa afiliación como por la nula vinculación real de la gran masa de trabajadores con el mismo.

Naturalmente, somos conscientes de que la sociedad civil es mucho más rica y que una vez encuentre el camino creará nuevos instrumentos de participación y defensa. Pero lo básico es que cada persona logre tener cerca una entidad, a la que pertenece por derecho y no por afiliación, que defienda sus intereses particulares y sepa conjugarlos con los comunes, permitiéndole participar, más directamente, en los mecanismos de funcionamiento políticos y sociales que así estarán a su alcance en todo momento.

El resultado del incremento de la participación en las decisiones, en la vida política, de la sociedad civil lleva aparejada una cierta atomización del poder. Atomización beneficiosa para el individuo y para una vida política limpia por tres razones esenciales. Primera: Todos tenemos un lugar donde somos escuchados y donde podemos defendernos; eliminando las situaciones de privilegio que existen en la actualidad. Segunda: Cuanto más extendidos estén los medios para el ejercicio del poder más difícil resultará la corrupción. Tercera: La interdependencia de los órganos ciudadanos hace que la atención sobre las decisiones a tomar esté al alcance de un mayor número de gentes.

No desconocemos la apatía genérica que existe por la política. Apatía derivada de la falta de participación real que el hombre tiene. La intervención de la sociedad civil precisa, evidentemente, de la voluntad de participación de las gentes en su propio devenir. No es lícita la queja cuando en realidad no se está dispuesto a perder una parte del tiempo propio para colaborar en la vida política de la comunidad. La participación directa, la puesta en marcha de órganos de participación directa, es el legítimo uso y disfrute de las libertades. Que nadie haga por nosotros lo que todos y cada uno debemos y tenemos que hacer. Queremos que todos puedan participar de una forma efectiva y real para que todos estemos realmente representados y amparados en una Democracia de Principios.

LA JUSTICIA SOCIAL COMO META

Creemos firmemente que la economía debe estar al servicio del hombre. Al Estado corresponde hacer efectiva esa realidad para lograr un orden social justo, no olvidando que el Estado es también un medio y no un fin. La mejora continua de los niveles de vida de los españoles es obligación de cualquier gobierno justo y moderno. Situados en el ámbito del mundo occidental, rico y desarrollado, afirmamos que existen condiciones objetivas que permiten que las mejoras sociales alcancen a la totalidad de la población, no quedando limitadas a determinados sectores, por amplios que pudieran parecer, de la misma.

Garantizar la existencia de un orden social justo obliga al Estado a intervenir con firmeza en la política económica y social, haciéndolo desde el principio rector del sometimiento de la economía a la justicia, al hombre, para invertir la situación actual que supone el sometimiento de todos al poder económico-financiero.

Hablar de Justicia Social no es conformarse con la existencia nominal de toda una serie de derechos teóricos proclamados, sino hacer reales y posibles, a través de actuaciones positivas, esos mismos derechos de que todos los españoles deben disfrutar. Creer que la Justicia Social se alcanza con la proclamación teórica de la igualdad supone, al contrario, consagrar la más profunda de las desigualdades. Tratar de forma igual, desde un punto de vista simplemente teórico, a quienes son en la realidad diaria profundamente desiguales es radicalmente injusto.

Bajo la aparente riqueza, bajo la aparente igualdad, nos encontramos con la imagen de la España real oculta bajo la hojarasca de la propaganda. Hoy, el 70% de los españoles manifiesta su descontento por no poder acceder a lo que hoy se consideran necesidades reales para mantener una calidad de vida digna. Hoy, ocho millones de españoles viven en la pobreza o en los límites de la misma. Hoy, una gran parte de las familias españolas se ven imposibilitadas para alcanzar con sus salarios a cubrir los gastos mensuales familiares. Consideramos que mantener esta situación es, además de escandalosa, inadmisible. Por ello, el Frente Español propone una intervención audaz, directa, sobre los problemas introduciendo los cambios que fueren necesarios para ponernos en el camino de la rectificación, acabando con situaciones de privilegio.

Esa política en aras de la Justicia Social, que exige la colaboración y el sacrificio de todos, estará guiada por la aplicación de lo que denominamos la “Tabla de Derechos de los Españoles”. Mínimos para corregir el rumbo de España; mínimos con los que nunca nos sentiremos conformes pero que servirán para asentar las bases de un orden social más justo que, de verdad, sin eufemismos ni demagogias, alcance a todos los españoles.

La Tabla de Derechos de los Españoles

- Sanidad íntegra para todos los españoles.
Todo español tiene derecho a la salud, lo que implica la cobertura total de la asistencia sanitaria. La red sanitaria debe cubrir la totalidad de las necesidades del ciudadano, incluyendo aquellas que en la actualidad quedan en manos privadas. Al mismo tiempo, la atención sanitaria debe prestarse en las mismas condiciones de dignidad y seguridad para todos los españoles, sin distinciones discriminatorias entre lo público y lo privado. Esto se traduce en el incremento de las ratios paciente/médico/cama hospitalaria. No se puede garantizar la igualdad ante la enfermedad cuando existe una sanidad de primera y otra de segunda, cuando se mantiene la demora ante la necesidad de la asistencia. La mejora de la calidad de la atención sanitaria debe ser una constante.

- La Educación al alcance de todos los españoles
Todo español tiene derecho a recibir una Educación Básica de calidad que el Estado debe garantizar mediante una red de Centros Públicos, que cumpla realmente con las condiciones mínimas que establecen las leyes, estableciéndose la gratuidad absoluta hasta los dieciséis años y manteniendo el derecho de los padres a decidir en la educación de sus hijos.
Una política adecuada de becas debe garantizar la completa formación de los ciudadanos, en un segundo nivel, para adquirir la formación profesional o académica necesaria. Al mismo tiempo, un buen expediente académico debe ser, para un español, aunque sus niveles económicos lo impidan, un talón en blanco que le permita acceder a todo tipo de estudios.

- La vivienda como derecho
La vivienda es un derecho proclamado y constantemente conculcado. El Estado debe desarrollar una política de vivienda que permita el acceso a la misma para todos los españoles. Para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna es necesario proceder al abaratamiento del suelo; impedir los movimientos especulativos tanto de las constructoras como de quienes la utilizan, durante o una vez construida, para obtener beneficios que repercuten negativamente en el mercado (la vivienda es un derecho y una necesidad y no un negocio); desarrollar una política crediticia nacional fuerte; controlar los intereses bancarios en los préstamos hipotecarios que al mismo tiempo deben ser clarificados y regulados. El español no puede pasar una parte importante de su vida siendo más esclavo de su casa que dueño de la misma.

- Derecho al trabajo y primacía del empleo estable
El Trabajo es al mismo tiempo un derecho y un deber. La lucha por el pleno empleo debe ser un objetivo prioritario para el Estado. Quien realiza su trabajo correctamente tiene derecho a un empleo estable que le permita afianzar y estabilizar su vida familiar y social. Es el logro de ese derecho el acicate efectivo que permitirá al trabajador esforzarse en su puesto laboral, lo que contribuirá a su dignificación personal y laboral, repercutiendo, al mismo tiempo, en la mejora de la empresa y en el fomento del empleo. Estar a favor del empleo estable significa estar en contra del despido libre, estableciéndose, además, un sistema de protección legal, rápido y eficaz, para evitar cualquier posible abuso del despido con indemnización. Establecer, también, con claridad las normas que permitan, en aquellos puestos de trabajo que por sus características sean necesariamente temporales, el despido. Facilitar el despido de quienes no cumplan con las obligaciones de su puesto laboral y, en contrapartida, incrementar las indemnizaciones al trabajador en caso de despido improcedente, entregando la opción entre readmisión o indemnización al propio trabajador afectado. Establecer controles sobre las grandes empresas, sobre todo en los sectores bancarios y de las grandes multinacionales, con respecto a la situación laboral de sus trabajadores para evitar el abuso de la reiteración de los contratos temporales para cubrir puestos que en realidad son puestos de trabajo estables. La situación de desempleo no debe ser aceptada como una realidad inevitable. El pleno empleo es posible en las sociedades desarrolladas. Los sistemas de prestaciones contribuyen, sin quererlo, en muchas ocasiones a mantener situaciones de desempleo. El sistema del INEM exige una profunda renovación. Estamos a favor del establecimiento de un subsidio único de desempleo, situándolo por encima del Salario Mínimo Interprofesional, y que tenga presentes los condicionantes específicos de cada desempleado.

-Elevación de los subsidios y pensiones de jubilación
Es de justicia prestar la necesaria ayuda a aquellos que por su situación estén imposibilitados de forma permanente y definitiva para realizar cualquier tipo de trabajo o éste tenga un carácter casi simbólico. En la actualidad son los subsidios los que cubren estas contingencias. Ahora bien, en la mayoría de los casos no son sino meras ayudas o complementos en relación a las necesidades reales de estos sectores de la población. Es deber de todos contribuir a garantizar una vida digna a estos españoles lo que significa el incremento de estos subsidios. El Estado debe garantizar para todos los españoles que lo necesitan la necesaria Asistencia Social.

El sistema de pensiones español demanda una profunda reforma y renovación.
La jubilación se está traduciendo en un incremento de las desigualdades sociales. La mala gestión de los fondos de la Seguridad Social en las últimas décadas, derivando las partidas presupuestarias de las pensiones hacia otros capítulos, ha impedido a muchos españoles una jubilación digna como justa compensación a los años de esfuerzo y de trabajo. El incremento de las pensiones es una prioridad, pero éste debe producirse desde unos mínimos que permitan comenzar a corregir las situaciones de desigualdad. Exigimos el establecimiento de una pensión de jubilación mínima para todos los españoles que deberá estar en consonancia, al menos, con el Salario Medio Interprofesional. A partir de este mínimo se introducirán mecanismos positivos de corrección en función de los años cotizados. Al mismo tiempo, en función del patrimonio y de la cuantía global de las pensiones que se perciban se establecerán derechos de reducción en la utilización de servicios públicos, medicamentos, transportes, ayuda domiciliaria… El Sistema de pensiones de la Seguridad Social no es un seguro privado sino un sistema de solidaridad nacional: el mecanismo que crearemos entre todos los españoles, cada cual en la medida que se lo permitan sus ingresos a lo largo de su vida, para cubrir las necesidades de todos los españoles.

- Una justicia al alcance de todos
Todos los españoles tienen derecho a acceder a una administración de justicia que resuelva con equidad sus conflictos, procesos de los que, en muchas ocasiones, depende su futuro. Los españoles tienen la percepción, real por otra parte, de que existe una justicia distinta, en función de las posibilidades de acceso, para pobres y ricos. Una justicia a la que se puede acceder más fácilmente, con mayores ventajas y garantías, si se tienen medios económicos suficientes que si no se tienen. Los españoles tienen, además, la percepción, también real, de que la Administración de Justicia en España no funciona. Que es lenta, ineficaz e incapaz de solventar los problemas penales y civiles que afectan a los ciudadanos, porque una justicia lenta es tanto como elevar a categoría de norma la injusticia.
La Administración de Justicia demanda en España una profunda reforma. Una reforma que tendrá su base en el incremento de los medios humanos, materiales y una mayor descentralización, así como en una profunda revisión y reforma de los Códigos vigentes. Abogamos por una despolitización completa de la Justicia Española eliminando el control político, a través de la intervención en los mecanismos de designación, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de la adscripción del Ministerio Fiscal al Ejecutivo. Rechazamos la existencia de Asociaciones profesionales que han sido constituidas para vulnerar la no vinculación de los jueces a los partidos y poder actuar como correas de transmisión de los mismos. Ahora bien, para que el ciudadano pueda acceder a la Justicia en igualdad de condiciones será necesario establecer la gratuidad absoluta de la Justicia, permitiendo a cualquier español mantener un pleito, por largo y costoso que sea, hasta el final. Lógicamente, en contraprestación, el Estado establecerá fórmulas para evitar los litigios inútiles incrementando las costas de castigo. Al mismo tiempo, se creará y desarrollara un sistema de abogados de oficio con retribuciones equiparables a las de cualquier profesional.

- Una fiscalidad no confiscatoria y que permita la redistribución de la riqueza.
El sistema fiscal español demanda una estabilización bajo los principios de no confiscación y redistribución de la riqueza. Es lógico que los españoles contribuyan en función de sus ingresos.

Entre las reformas que proponemos destacaremos:

...>Creación de un impuesto de lujo especial que recaerá en la compra de los artículos que reciban tal calificación.
...>Establecimiento de una fiscalidad específica para las grandes fortunas, entendiendo por tales, todas aquellas rentas superiores a los 400.000 Euros al año (actores, artistas, cantantes, deportistas, banqueros, financieros…)
...>Traslación de los criterios de progresividad al Impuesto de Sociedades.
...>Simplificación de la tributación personal mediante la fijación de unos tipos progresivos que graven, sin distinciones, la totalidad de las rentas anuales que por todos los conceptos pueda obtener un español.
...>Establecimiento de beneficios fiscales según se recoge en diversos puntos de nuestro programa.
...>Control del gasto público y reducción drástica de las partidas suntuarias y de propaganda.
...>Reducción y revisión de los salarios de los cargos públicos. Estableciéndose normas específicas y extrayendo de su control y decisión el volumen de los mismos.

- Seguridad

La libertad queda sistemáticamente conculcada cuando los niveles de delincuencia de una sociedad llegan a afectar seriamente la vida diaria de las personas. En España esa libertad diaria y común se está viendo claramente limitada por el incremento constante de los delitos. Durante el año 2002 el volumen de delitos cometidos y denunciados en España se situó en cifras cercanas a los dos millones cuando hace tres décadas a duras penas si superaba los treinta y cinco mil. En muchos puntos de la geografía hispana los españoles han perdido la libertad de salir de sus domicilios y la inviolabilidad de los mismos se ha convertido en un simple derecho teórico.

El ciudadano español tiene la impresión, real por otro lado, que el actual sistema jurídico-penal brinda mayor protección y amparo al delincuente que a las personas honestas.

El ciudadano español se siente cada vez más impotente ante el fenómeno de la inseguridad ciudadana, incrementado con la llegada masiva de inmigrantes. Además, observa con inquietud el progresivo asentamiento de mafias hasta hace poco prácticamente desconocidas en España.

El Frente Español se hace eco de los sentimientos de la mayor parte de la población española y se une a ella para exigir:

...>La reforma profunda del Código Penal, incrementando la ejemplaridad de las sanciones.
...>Establecimiento de una penalidad especial para los delitos de violación y violencia doméstica.
...>La reforma del sistema penitenciario español para evitar que quienes comenten delitos puedan estar en nuestras calles aprovechando los resquicios de la ley.
...>La restricción y mayor vigilancia a la hora de aplicar los denominados regímenes abiertos.
...>El cumplimiento íntegro de las penas para delitos de especial gravedad, retirando para ellos el límite de treinta años.

-Ante el Terrorismo

El Frente Español condena sin paliativos las errante política antiterrorista seguida durante las últimas décadas y propone una reforma total de la acción del Estado en este apartado.

...>Rechazamos cualquier tipo de negociación y en consecuencia de pacto con los terroristas. El Estado sólo puede aceptar la entrega sin condiciones.
...>Nos oponemos a la aplicación de políticas de reinserción con los terroristas.
...>Exigimos el cumplimiento íntegro de las condenas por el total de los años impuestos eliminando, en estos casos, el límite real de los treinta años de prisión.
...>Exigimos que se ponga fin a los tratos de favor, regímenes especiales, condiciones específicas que existen de hecho en las cárceles españolas con respecto a los presos por delitos de terrorismo. Beneficios que se dan en la realidad en función de negociaciones, tolerancia extrema o imposición.
...>Pedimos el constante resarcimiento moral y económico de todas las víctimas del terrorismo.